La situación judicial de Graciela Núñez suma un nuevo capítulo. La exmodelo deberá utilizar una tobillera electrónica mientras cumple arresto domiciliario, en el marco de una imputación por violencia familiar.
Según expusieron sus abogadas Sandra Farías y Katia Laterra en el programa Sin Vueltas, la expareja de Núñez habría denunciado que ella incumplió la medida para acudir a un centro médico en Luque. La defensa sostiene que no existirían imágenes de cámaras ni otras pruebas que acrediten esa supuesta salida.
Pese a que la jueza María Cecilia Ocampo Benedetti había rechazado la revocatoria del arresto domiciliario, el Tribunal de Apelación dispuso el monitoreo electrónico. De acuerdo con la publicación, el dispositivo tendría un costo mensual de G. 2.500.000, que deberá ser afrontado por la propia procesada.
La defensa cuestionó duramente la decisión y aseguró que existe una presión constante para lograr que Núñez termine privada de su libertad. Esa afirmación corresponde a sus representantes legales y forma parte de su postura dentro del proceso.
Un caso que vuelve a generar debate por las medidas impuestas, el elevado costo del monitoreo y las acusaciones cruzadas entre las partes.
