Las amenazas y presiones utilizadas para obligar a una persona a actuar contra su voluntad o entregar dinero pueden derivar en hechos de coacción o extorsión, delitos que afectan directamente la libertad, la seguridad y el patrimonio de las víctimas.
El abogado Alfredo Nicanor Molinas Camps, especialista en Derecho Penal, señala que reconocer a tiempo estas conductas es clave para evitar que la situación avance y produzca consecuencias más graves.
La coacción ocurre cuando alguien fuerza a otra persona, mediante amenazas o intimidación, a hacer, dejar de hacer o soportar algo en contra de su voluntad. La extorsión, por su parte, persigue la obtención de un beneficio económico a través de amenazas dirigidas contra la víctima, su familia o sus bienes.
Estas situaciones no solo pueden generar responsabilidad penal para quienes las cometen, sino también importantes daños emocionales, familiares y financieros para las personas afectadas.
Ante una amenaza o exigencia sospechosa, se recomienda mantener la calma, no realizar pagos apresurados y conservar todos los elementos que puedan servir como prueba. Mensajes, audios, capturas de pantalla, registros de llamadas y comprobantes de transferencias pueden resultar fundamentales para una investigación.
Asimismo, es importante acudir cuanto antes a la Fiscalía, la Policía Nacional o a un profesional del Derecho que pueda orientar sobre los pasos adecuados y las medidas de protección disponibles.
“La ley protege tu libertad y tu patrimonio. Actuar a tiempo es fundamental”, sostiene el Dr. Alfredo Nicanor Molinas Camps, quien ofrece asesoramiento en Derecho Penal, Derecho Migratorio y Derecho Corporativo.
Informarse, preservar las evidencias y buscar apoyo profesional son acciones esenciales para enfrentar este tipo de hechos y evitar que el temor o la presión condicionen las decisiones de las víctimas.
