Graciela Núñez asegura ser víctima de violencia de género e institucional, denuncia que teme por su vida y cuestiona que deba utilizar una tobillera electrónica. También reclama por la separación de sus hijos y pide que la Justicia escuche su versión.
La voz de Graciela Núñez vuelve a generar repercusiones. En un angustiante testimonio público, la mujer asegura estar atravesando una situación que considera injusta y pide desesperadamente ser escuchada.
“¡Quiero vivir!”, expresa Núñez, quien sostiene que es víctima de violencia de género e institucional.
Uno de los aspectos que más cuestiona es la medida judicial que la obliga a utilizar una tobillera electrónica, pese a que ella se considera víctima de los hechos que denuncia.
A esta situación se suma el dolor que manifiesta por la separación de sus hijos, una circunstancia que, según su relato, profundiza su sufrimiento.
PARAGUAY Y UNA REALIDAD QUE PREOCUPA
El testimonio aparece en medio de una creciente preocupación por la violencia contra las mujeres.
De acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio Público, hasta el 9 de octubre de 2026 se habían registrado 20 víctimas de feminicidio en Paraguay.
Además, el reciente hallazgo sin vida de Carla Burati, de 38 años, en Katueté, Canindeyú, vuelve a generar preocupación. Las circunstancias de su fallecimiento están bajo investigación y todavía corresponde determinar si se trató de un feminicidio.
¿QUIÉN ESCUCHA A LAS MUJERES QUE DICEN TENER MIEDO?
Las declaraciones de Graciela Núñez plantean interrogantes sobre la atención que reciben las denuncias de posibles situaciones de violencia y la necesidad de garantizar respuestas judiciales oportunas.
Es importante señalar que sus afirmaciones constituyen denuncias personales que deben ser examinadas por las autoridades competentes, respetando las resoluciones judiciales vigentes, el debido proceso y el derecho de todas las partes a ser escuchadas.
“QUIERO VIVIR”: UN RECLAMO QUE NO DEBE SER IGNORADO
Graciela pide vivir sin miedo, recuperar el vínculo con sus hijos y obtener respuestas de las instituciones.
Su testimonio merece una evaluación seria, responsable y ajustada a la ley, sin anticipar conclusiones sobre las personas involucradas.
La pregunta que queda abierta es contundente: ¿están funcionando los mecanismos de protección y atención para quienes denuncian situaciones de violencia en Paraguay?
Porque detrás de cada pedido de ayuda hay una situación que merece ser investigada con responsabilidad, sensibilidad y justicia.
